La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor (AAERPA) ha manifestado su profunda preocupación ante la crisis que enfrenta el sistema registral del automotor. En una carta enviada al Ministerio de Justicia, la asociación expresó su desazón y denunció la inminente desaparición del sistema debido a la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades
Desde octubre del año pasado, el Ministerio de Justicia no actualiza los emolumentos de los Registros Automotores en todo el país. Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12 mil puestos de empleo privados que trabajan en los Registros. En ese sentido, en una carta dirigida al ministro de Justicia, desde la Asociación expresaron su profunda preocupación y advirtieron sobre la posible desaparición del sistema debido a la inacción gubernamental.
“El costo de este servicio está recayendo enteramente en los titulares del registro, quienes debemos cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional, luz y alquileres. Porque los registros son estatales, pero de administración privada. Es decir, los empleados de un Registro Automotor no son empleados públicos. En este sentido, el registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, aseguraron desde AAERPA.
En términos económicos, las oficinas registrales enfrentan una crisis alarmante. Según la asociación, se han hecho promesas de soluciones desde diciembre del año pasado, pero ninguna ha sido concretada. «En abril se emitió una resolución que reconocía nuestras necesidades, pero fue retrotraída en menos de 48 horas. Retomamos la cuestión, acercamos un proyecto para aplicar sobre los aranceles percibidos en el mes de junio y llegamos al final de este mes sin respuestas», denunció Alejandro Germano, Presidente de AAERPA y uno de los firmantes de la carta enviada.
La provisión de documentos esenciales, como placas, patentes y cédulas de identificación de los automotores, aseguran que es insuficiente; y la inacción frente a las renuncias de colegas complica aún más la situación. «La inacción y el silencio han llevado a que personas sin la capacitación necesaria reemplacen a nuestros compañeros, lo que pone en riesgo la calidad del servicio», aseguró Germano.
Además, la Asociación critica el desvío de la recaudación a destinos ajenos, dejando a los registros seccionales sin los fondos necesarios para operar. «Este desfinanciamiento es un claro incumplimiento de las obligaciones del Ministerio según el Decreto 644/89. Los usuarios pagan aranceles por un servicio que se deteriora, mientras la recaudación se desvía ilegítimamente. El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024, mientras que los registros seccionales no podemos afrontar siquiera los sueldos de nuestros empleados, mucho menos una retribución justa por nuestros servicios», afirmaron en la carta..
Según la Asociación, la falta de medidas estructurales y la ausencia de un funcionario designado en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) agravan la situación. «La DNRPA lleva más de medio año sin un director, lo que ha paralizado la toma de decisiones cruciales», señaló el presidente de AAERPA.
«Desde la asunción del actual ministro, hemos manifestado nuestro interés en culminar la informatización de los registros, incorporar herramientas tecnológicas y modernizar las normas técnico-registrales para desburocratizar la gestión y hacerla más accesible a los usuarios. Sin embargo, no hemos recibido convocatoria alguna ni respuestas a nuestras propuestas», afirmó Germano.
Para AAERPA, la solución es clara y sencilla: «Con solo ceder una parte mínima de la recaudación generada por los seccionales y convocarnos a trabajar en la modernización del sistema, se podría revertir esta situación. Esperamos que el Ministro tome las medidas necesarias para evitar daños mayores, algunos de ellos irreparables», concluyó la carta enviada al Ministro de Justicia.
