La privatización de empresas públicas es uno de los pilares de la estrategia de Javier Milei para recortar gastos del Estado y, a la vez, generar un ingreso extra de dinero (probablemente, en dólares) a las arcas del Tesoro.
En la Ley Bases se publicó un listado de empresas sujetas a privatización y ahora va tomando forma el proceso. Este miércoles, mediante la resolución general 1024 de la CNV (Comisión Nacional de Valores), el Gobierno creó un régimen especial para que esas compañías puedan ofrecer sus acciones en la Bolsa aunque no cumplan con todos los requisitos que se les pediría a otras empresas.
“La Ley Bases indica que hay empresas sujetas a privatización. Una de las modalidades para privatizar es que el Estado venda sus acciones en esas compañías a través de una oferta pública inicial en la Bolsa, aunque la viabilidad de la implementación de una oferta inicial de acciones depende de las particularidades jurídicas, regulatorias y operativas de cada empresa, y de los activos a privatizar”, explicó Francisco Molina Portela, socio del estudio jurídico Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.
“Para eso hay que pedir autorización ante la CNV, que les solicita a las empresas que cumplan con una serie de requisitos. Uno de ellos es que los estados contables se reporten bajo las normas NIIF, que son un estándar internacional diferente al que se usa localmente. Entonces, hay que cambiar bastantes cosas a nivel contable y de auditoría. Lo que hace esta norma es darle un plazo de gracia de dos años a estas empresas para hacer esa adecuación, de modo tal de agilizar el proceso de privatización”, completó.
A través de un comunicado, el presidente de la CNV, Roberto Silva, resaltó: “Buscamos flexibilizar y simplificar el proceso para que las entidades públicas puedan privatizarse vía el mercado de capitales”. Y agregó: “Queremos facilitar la presentación de balances, algo que les cuesta cumplir a sociedades en manos del Estado, acompañando así las medidas del Gobierno nacional”.
La normativa de CNV alcanza a las empresas sujetas a privatización según la Ley Bases, que establece que Energía Argentina (ex Enarsa) e Intercargo quedan sujetas a privatización total, mientras AySA, Belgrano Cargas, Sofse (Sociedad operadora ferroviaria S.E) y Corredores Viales pueden privatizarse o entregarse en concesión.
A la vez, la Ley Bases indica que la NASA (Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima) y YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio) podrán incorporar capital privado de manera parcial, aunque el Estado tendrá que retener la mayoría accionaria.
Además, el Gobierno busca privatizar Aerolíneas Argentinas mediante una ley que envió al Congreso. También lanzó una licitación pública nacional e internacional para transferir el 100% de las acciones de la histórica metalúrgica Impsa. A fin de mes se abrirán los sobres de esa oferta para terminar la adjudicación y convertirla en la primera privatización de la era Milei.
En paralelo, las autoridades ya informaron su intención de pasar a manos privadas las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. Son las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro.
Fuente: El Economista
