El juez Armella “preserva pruebas” de Javier Faroni y se profundiza la pista internacional del caso AFA

Hasta que los peritos no verifiquen, queda la duda si el teléfono entregado es el habitual de Faroni o lo “olvidó” en Uruguay.

El massista Javier Faroni vivió la noche más larga luego de que, un uniformado en el sector de vuelos privados, consultara al juzgado del juez Luis Armella los pasos a seguir con “el masculino identificado”.

La respuesta desde el edificio de la calle 12 de octubre, pasada la medianoche, fue: pedir colaboración al identificado como Javier Faroni, que entregara el teléfono celular con contraseña y que no podría abandonar el territorio argentino.

Hasta que los peritos no verifiquen, queda la duda si el teléfono entregado es el habitual de Faroni o lo “olvidó” en Uruguay, donde se preparaba para viajar en un aerotaxi privado.

La decisión judicial se inscribe en la ampliación del objeto procesal solicitada por la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que sostiene que el esquema bajo análisis no se limitó a operaciones locales, sino que habría incluido etapas de estratificación internacional destinadas a alejar definitivamente los fondos de su origen institucional.

El inicio de la causa investiga una presunta maniobra de lavado de activos originada en el Club Atlético Banfield y en el conglomerado financiero Sur Finanzas. Faroni quedó bajo la mira pero por la proyección transnacional por supuestos desvíos de fondos a partir de la comercialización como agente de la AFA. El contrato entre la empresa vinculada a Faroni y la AFA es una de las pruebas a preservar en la investigación.

Por tal razón, el juez federal Luis Armella dispuso medidas urgentes para “preservar pruebas” vinculadas al empresario realizando allanamientos en el domicilio del productor teatral y las sedes de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

El origen: Banfield, Sur Finanzas y una operatoria ficticia

La investigación comenzó a partir de irregularidades detectadas en la relación financiera entre el Club Atlético Banfield y Sur Finanzas, donde se habrían simulado préstamos en moneda extranjera, contratos de patrocinio y cesiones de derechos de cobro para introducir al circuito legal dinero de presunto origen ilícito. También surgió una denuncia de la ARCA, esa causa quedaría en manos de otro juez, Federico Villena. La Cámara Federal de La Plata saldó a favor de Villena y en contra de la fiscal Cecilia Incardona que había peticionado “conexidad” de causas.

Según la hipótesis de la fiscal, la operatoria incluyó mutuos en dólares con supuesta entrega en efectivo, tasas de interés atípicas y el uso de vehículos fiduciarios vinculados a la dirigencia del club, como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y la sociedad Banfileños S.A.. Esa estructura habría permitido dotar de apariencia lícita a fondos que luego fueron canalizados a través del proveedor de servicios de pago (PSP) de Sur Finanzas.

Las pesquisas también revelaron movimientos millonarios cursados por personas sin capacidad económica demostrable, monotributistas de bajo perfil y sujetos considerados apócrifos, un patrón típico de colocación inicial de dinero en maniobras de lavado.

De la colocación local a la proyección internacional

Con el avance de la causa, los investigadores comenzaron a reconstruir la segunda fase del presunto delito: la internacionalización. En ese marco, cobró relevancia la figura de Javier Faroni, vinculado a sociedades constituidas en Estados Unidos que habrían recibido fondos desviados desde estructuras relacionadas con el fútbol argentino, según consta en el escrito judicial que disparó allanamientos.

La fiscalía sostiene que cuentas administradas en territorio estadounidense funcionaron como plataforma para la estratificación internacional, mediante la dispersión del dinero hacia sociedades offshore radicadas principalmente en el estado de Florida. Estas firmas, de acuerdo con la información incorporada al expediente, presentarían titulares con perfiles de insolvencia, compatibles con la utilización de prestanombres.

El objetivo de esta etapa habría sido fragmentar la trazabilidad del dinero, dificultar la identificación de los beneficiarios finales y obstaculizar la cooperación judicial internacional, un mecanismo recurrente en esquemas complejos de criminalidad económica.

La decisión judicial: “preservar prueba”

En este contexto, el juez Armella resolvió preservar prueba vinculada a Faroni, una medida clave para evitar la pérdida, alteración o desaparición de documentación y registros relevantes, tanto físicos como digitales. La decisión apunta a asegurar evidencia sensible mientras se profundizan los pedidos de información a entidades financieras extranjeras y se activan canales de cooperación internacional.

Las medidas dispuestas buscan garantizar la integridad de la prueba en una causa que, según fuentes judiciales, podría escalar en volumen y alcance a medida que se consoliden los datos provenientes del exterior.

Un esquema que excede un solo club

La investigación también dejó en claro que el caso Banfield no sería un hecho aislado. Los fiscales advirtieron que la operatoria detectada se replicó en otros clubes del fútbol profesional, tanto de primera división como del ascenso, lo que expone una vulnerabilidad estructural del sistema deportivo frente a esquemas de financiamiento opacos.

En ese marco, se analiza además el rol de organismos centrales del fútbol, cuya intervención en cesiones de derechos y flujos de fondos habría facilitado —de manera funcional— la circulación de dinero dentro del entramado investigado.__IP__

Próximos pasos

Con la prueba preservada y los exhortos internacionales en curso, la causa entra ahora en una fase decisiva. El foco está puesto en reconstruir la ruta completa del dinero, identificar a los beneficiarios finales y determinar las responsabilidades penales de las personas físicas y jurídicas involucradas.

Para la fiscalía, el expediente ya exhibe con claridad un modus operandi: colocación de fondos a través de clubes y contratos deportivos, uso intensivo de intermediarios financieros y posterior estratificación en el exterior. Un esquema que, de confirmarse, podría convertirse en uno de los casos más relevantes de lavado de activos vinculados al fútbol argentino en los últimos años.

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