La Marcha Federal Universitaria movilizará este martes a estudiantes, docentes, egresados, rectores, investigadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en rechazo al ajuste del presupuesto de las universidades públicas.
El principal reclamo de quienes participarán en todo el país es a favor del financiamiento educativo, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de ACIJ. Sin embargo, el conflicto también se enmarca en la campaña gubernamental de desprestigio del sistema universitario, centrada en acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia en el uso de los fondos.
En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria será a las 15.30 hs frente al Congreso Nacional. Desde ahí la movilización avanzará hasta la Plaza de Mayo, donde será el acto central a las 18 hs. Allí se leerá un documento consensuado por los rectores, los sindicatos docentes y las federaciones de estudiantes.
Habrá movilizaciones desde San Salvador de Jujuy hasta Ushuaia, incluyendo las principales ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Salta, Corrientes, Resistencia y Posadas, entre otras. Las universidades del conurbano bonaerense se sumarán a la marcha de CABA, como también los rectores de varias universidades nacionales.
Las 57 universidades nacionales suman 2.065.115 estudiantes y 216.279 empleados, entre docentes universitarios y preuniversitarios, autoridades y personal no docente, según los últimos datos oficiales, de 2022. Apenas el 15% de los docentes tiene dedicación exclusiva.
La convocatoria a la marcha incluye, entre las propuestas, no exhibir consignas partidarias sino solo banderas argentinas. En las redes también circuló la idea de que cada persona lleve un libro.
La movilización tiene el apoyo del kirchnerismo, la CGT, un sector de la UCR y la Coalición Cívica. Eso motivó que desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmara el lunes que la medida está “incentivada por la política”. Más tarde, Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la FUA (Federación Universitaria Argentina), aseguró que “no es una marcha partidaria sino de la sociedad civil”. El Gobierno informó que aplicará el protocolo antipiquetes, pero desde el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) aseguraron que la seguridad “está garantizada”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que el reclamo por el presupuesto es un “berrinche”. Profesores de algunas universidades privadas, como la de San Andrés (UdeSA) y la Torcuato Di Tella (UTDT), expresaron su apoyo a la movilización y su preocupación por “las evidentes campañas de descrédito de las universidades nacionales y de la investigación científica”. En respuesta, el presidente Javier Milei se refirió despectivamente a los “salamines escritores de cartitas de indignación” en su cuenta de X (Twitter).
El Ministerio de Capital Humano, del que dependen las universidades nacionales, había comunicado el jueves pasado a última hora una “propuesta consensuada” con las universidades, pero desde las casas de estudio desmintieron haber llegado a un acuerdo. La semana pasada el Gobierno ofreció un aumento del 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios. Esos fondos se depositaron el lunes, según informó el Ministerio.
Sin embargo, desde las universidades respondieron que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada desde el año pasado, que calculan en torno a 280%, y sostuvieron la medida de fuerza. Argumentan, además, que los aumentos fueron solo sobre los gastos de funcionamiento, que representan alrededor de un 10% del presupuesto universitario total.
Desde la UBA, que se declaró en “emergencia presupuestaria”, dijeron que el anuncio oficial solo implica una reducción en la magnitud del recorte en los gastos de funcionamiento: de -70% a -60%. Y explicaron que “en las universidades que no tienen hospitales universitarios (la mayoría), el recorte es algo más chico ya que los gastos de funcionamiento que se vienen actualizando en los anuncios son los de educación”.
Desde el CIN, el organismo que nuclea a los rectores, dijeron en un comunicado que “no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno”. Las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación se reunirán el próximo martes 30 de abril; la agenda del encuentro “incluye el financiamiento junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades”, señalaron desde la Secretaría. También hubo el viernes una reunión de funcionarios nacionales con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
“No hubo acuerdo porque no hay negociación abierta. Solo hubo un anuncio del gobierno por redes: esperamos ver los detalles pronto. Anunciaron un 140%, pero el reclamo es una actualización del 280%, porque la inflación 2023 fue del 211% y la de 2024 acumula 60%. Estamos a mitad de camino”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis. Y planteó: “Ojalá esta marcha inédita sirva para buscar el camino del acuerdo”.
Los fondos ya acordados fueron transferidos el lunes, según informó el Ministerio de Capital Humano. El comunicado oficial señaló que las universidades públicas recibieron $21.888 millones del Estado nacional para su funcionamiento. “Este gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada”, planteó el comunicado, encabezado con el lema “la educación pública es un derecho, auditar es una obligación”.
La caída del salario docente es uno de los reclamos principales de las casas de estudio y del FSU (Frente Sindical de Universidades), que rechazó la oferta de 8% de aumento para abril, en la misma semana en que se conocieron elevados aumentos de sueldo con fondos públicos para funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores. Desde CONADU, uno de los gremios que forma parte del FSU, señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.
El conflicto universitario se venía anunciando desde hace al menos dos meses: ya en febrero los rectores congregados en el CIN habían advertido que estaba en riesgo su “pleno funcionamiento” por falta de fondos. En ese momento también el Consejo Superior de la UBA, la única universidad nacional que no participa del CIN, había expresado públicamente su “extrema preocupación” por el financiamiento de la educación superior. Los recortes afectan no solo a las universidades sino también a los hospitales y escuelas que dependen de ellas, así como a los proyectos de investigación científica.
Las autoridades del CIN se reunieron varias veces con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Según pudo saber Infobae, desde el CIN han valorado la disposición de estos funcionarios al diálogo, aunque los intercambios subieron de tono en el último Plenario de Rectoras y Rectores celebrado en la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín).
En las últimas semanas, desde el Gobierno nacional insistieron con las auditorías a las universidades nacionales y algunos funcionarios incluso atribuyeron la movilización del martes a la resistencia de las universidades a “perder sus privilegios”. Desde el CIN respondieron que las instituciones son fiscalizadas por la AGN (Auditoría General de la Nación).
También rechazaron, en una conferencia de prensa el lunes junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA (Federación Universitaria Argentina), las reiteradas acusaciones de “adoctrinamiento” que vienen formulando algunos funcionarios, desde el presidente Milei hasta el subsecretario de Políticas Universitarias. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, consideró que el Gobierno convirtió la cuestión del presupuesto universitario en una “batalla cultural” y busca “mostrar a las universidades como centros de corrupción”.
La cuestión del adoctrinamiento es un argumento habitual del Gobierno. El presidente Javier Milei definió varias veces que considera que toda educación pública (sea de gestión privada o estatal) supone “adoctrinamiento”. Por su parte, la subsecretaría de Políticas Universitarias habilitó una dirección de correo electrónico para que los estudiantes denuncien a sus docentes, promovida con frecuencia en X (Twitter) por el subsecretario Álvarez.
En la conferencia de prensa del lunes, desde las universidades respondieron que la acusación de adoctrinamiento implica “asumir que los estudiantes son estúpidos”. Por otro lado, una encuesta de Zuban Córdoba reveló que es justamente en la franja etaria de los estudiantes, de 16 a 30 años, donde se mantiene el nivel más alto de aprobación de la actual gestión de Gobierno: es el único segmento donde la mayoría cree que “la imagen de Argentina en el mundo ha mejorado” desde que asumió Milei.
Pese a la creciente confrontación, el último comunicado del CIN insistió: “Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria”. La preocupación por la “previsibilidad” y por las condiciones para garantizar un “normal funcionamiento” se repite en los testimonios de distintos rectores universitarios.
El lunes, al comunicar que había transferido los fondos correspondientes a las universidades, el Ministerio de Capital Humano planteó que la actualización de las partidas, tras la inflación récord acumulada desde 2023, puso fin a “la política de congelamiento presupuestario del gobierno anterior”.
Desde el Gobierno ya habían planteado que los gastos de funcionamiento de las universidades habían estado congelados en 2023 sin que las universidades se quejaran. Sin embargo, autoridades de distintas universidades aseguraron a Infobae que esa versión es incorrecta.
Según explicaron desde la UBA, “de 2022 a 2023 hubo un incremento de los gastos de funcionamiento de acuerdo con la inflación de 2022″, en el marco de lo definido en la Ley de Presupuesto 2023, que contempló la inflación de 2022. “En términos operativos, esa partida aprobada de gastos de funcionamiento el Ministerio de Educación la divide en 12 cuotas mensuales iguales. Por eso, con el presupuesto en su conjunto ya actualizado, los gastos efectivamente se mantienen sin variación nominal a lo largo del año”, señalaron.
Sin embargo, aclararon que en noviembre y diciembre hubo reajustes en la transferencia de gastos de funcionamiento, luego de que la inflación se disparará a partir de agosto. “Pero el actual Gobierno no consideró esas transferencias y volvió a tomar como base el presupuesto de enero 2023″, dijeron desde la UBA.
“La cuota de gastos de funcionamiento se actualiza cuando se vota la Ley de Presupuesto. El año pasado, la cuota de enero de 2023 no fue la misma que la de enero de 2022. Este año, al no votarse presupuesto, teníamos a marzo 2024 la misma cuota que en enero 2023″, ratificó Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Entre enero de 2023 y marzo de 2024, la inflación alcanzó un 275%.
Domenichini agregó: “Lo que el Gobierno dice es que durante 2023 no se actualizó y eso es así siempre, salvo que haya refuerzos extraordinarios. Lo que no se realizó este año es la actualización sobre el año pasado, con más de 200% de inflación acumulada”.
De acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (previo a la actualización de gastos anunciada la semana pasada), los fondos asignados al Programa Desarrollo de la Educación Superior, la principal partida de financiamiento universitario, en 2024 fueron un 72% más bajos en comparación con el año anterior.
El informe señala que la ejecución presupuestaria del primer trimestre muestra una reducción del 34% frente al mismo período del año pasado y es la más baja desde 2006. El ajuste no afecta solo a las universidades, sino también a la educación obligatoria, tanto en el salario docente (por la eliminación del FONID) como en las obras de infraestructura escolar y en los recursos pedagógicos para los alumnos y docentes (por la suspensión de Conectar Igualdad y de la entrega de libros, una política que el Estado nacional había sostenido desde 2004).
Si bien todo el Estado nacional está recortando gastos, desde ACIJ advierten que “la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional”. De acuerdo con estas cifras, el sistema educativo, incluyendo el universitario, está sufriendo una porción proporcionalmente mayor del recorte del gasto público.
Fuente: Infobae
