La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía presentó este lunes un conjunto de medidas destinadas a mejorar el esquema de compensaciones que reciben las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una reunión de trabajo realizada con representantes de las principales cámaras empresarias del sector.
El encuentro se desarrolló en medio de los reclamos formulados por las operadoras respecto de los ingresos reconocidos por el sistema y las diferencias de recaudación acumuladas durante los últimos meses.
Según informó el organismo, las iniciativas buscan atender las demandas planteadas por las empresas, otorgar mayor previsibilidad económica y financiera al sector y garantizar la continuidad de las prestaciones para millones de usuarios que diariamente utilizan los servicios de transporte público.
Durante la reunión, las autoridades nacionales expusieron la actualización de la estructura de costos vigente desde octubre, una revisión que contempla una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios y que impactará directamente sobre las compensaciones mensuales que perciben las compañías.
Desde la Secretaría de Transporte señalaron además que el nuevo esquema incorpora un mecanismo de actualizaciones progresivas destinado a acompañar la evolución de los costos operativos y evitar desfasajes significativos entre los costos reales de explotación y los ingresos reconocidos por el Estado.
La medida busca responder a una de las principales preocupaciones del sector empresario: la necesidad de contar con parámetros previsibles para planificar inversiones, afrontar compromisos salariales y garantizar la operación regular de las flotas.
Otro de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la situación de las diferencias de recaudación reclamadas por las cámaras empresarias. En ese sentido, el Gobierno presentó una propuesta de regularización que contempla un esquema de cancelación en tres cuotas.
La iniciativa procura dar respuesta a los montos reclamados por las empresas sin alterar los criterios de administración fiscal definidos por el Ministerio de Economía, según explicaron las autoridades. La propuesta combina la regularización de las diferencias acumuladas con las mejoras incluidas en las nuevas compensaciones mensuales, generando una recomposición gradual de los ingresos reconocidos al sector.
La reunión, que se extendió durante aproximadamente una hora y media, permitió además avanzar sobre una serie de medidas complementarias orientadas a mejorar el funcionamiento general del sistema.
Entre ellas figura la revisión de los parámetros utilizados para calcular las compensaciones, la actualización de variables vinculadas a costos laborales y gastos de seguridad y la incorporación de nuevas previsiones salariales que contemplan tanto los compromisos correspondientes al cierre de 2026 como los primeros meses de 2027.
Las autoridades también informaron modificaciones en los mecanismos de cálculo de la recaudación y de las compensaciones económicas, destinadas a corregir diferencias acumuladas y a optimizar el proceso de liquidación de los pagos.
Desde Transporte sostuvieron que estos cambios permitirán dotar de mayor previsibilidad financiera a las empresas y reducir situaciones de incertidumbre relacionadas con la percepción de recursos.
El paquete de medidas forma parte de un proceso más amplio de reorganización del sistema de transporte automotor impulsado por el Gobierno nacional. La estrategia oficial apunta a actualizar los mecanismos de reconocimiento de costos, mejorar la transparencia de los procesos de compensación y optimizar la asignación de recursos destinados al sostenimiento del servicio público.
Fuentes oficiales señalaron que el objetivo final es alcanzar un esquema que permita sostener la operación de las empresas sin trasladar automáticamente cada incremento de costos a la tarifa abonada por los pasajeros.
En este contexto, el Gobierno recordó que desde diciembre de 2023 el boleto mínimo de colectivo pasó de $52,96 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%.
La magnitud de ese ajuste tarifario explica en gran medida la sensibilidad social que rodea cualquier nueva modificación de precios en el transporte público, especialmente en un contexto donde el sistema continúa enfrentando presiones derivadas de la inflación, los costos salariales, el mantenimiento de unidades y los gastos operativos asociados al servicio.
Precisamente por ello, las autoridades remarcaron que las mejoras presentadas buscan fortalecer las condiciones económicas de las prestadoras sin recurrir necesariamente a nuevas subas tarifarias como única herramienta de financiamiento.
Durante la reunión también se enfatizó la necesidad de que las empresas acompañen las mejoras económicas con el cumplimiento de sus obligaciones operativas.
La Secretaría de Transporte sostuvo que la actualización de las condiciones financieras del sistema debe reflejarse en mejores niveles de frecuencia, continuidad y calidad de servicio para los usuarios.
En ese sentido, los funcionarios remarcaron que el objetivo de la política oficial es que los recursos destinados al transporte se traduzcan en una prestación adecuada y regular para los pasajeros que dependen diariamente del sistema de colectivos del AMBA.
Del encuentro participaron el secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y representantes de las cámaras empresarias CETUBA, CTPBA, CEAP y AAETA, organizaciones que concentran a gran parte de las compañías que operan los servicios de jurisdicción nacional.
Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron mantener abiertas las instancias de diálogo y realizar un nuevo encuentro de trabajo la próxima semana.
Según lo previsto, en esa reunión se presentará el detalle técnico de las actualizaciones que serán aplicadas antes de la próxima liquidación de compensaciones y se continuará avanzando en una agenda de seguimiento de las medidas anunciadas.
El acuerdo para continuar negociando evita, por el momento, una profundización de las tensiones entre el Estado y las empresas del sector, en un sistema que moviliza diariamente a millones de pasajeros y constituye uno de los servicios públicos más sensibles del área metropolitana más poblada del país.
