La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) lanzó un enérgico llamado al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ante la inminente amenaza de colapso del sistema registral automotor. En un comunicado realizado luego de una Asamblea, los Encargados de Registro advirtieron sobre las graves consecuencias de las políticas actuales y exigieron medidas urgentes para salvaguardar un sistema que consideran crucial para la gestión pública eficiente.
“Desde su creación por una ley del Congreso en 1914, la figura del Encargado de Registro ha sido un modelo de descentralización y eficiencia en la administración pública argentina», expresó la AAERPA en primer lugar en su comunicado. Los Encargados señalan que mientras el resto de la Administración Pública crecía en personal y en gasto, el Registro implementó políticas de gestión de calidad, como la ventanilla única y la informatización de más de mil sedes. «Fue el primer organismo en contar con una base segura con millones de datos sobre todos los automotores fabricados o importados al país y sus titulares, propendiendo a la despapelización», subrayaron.
Sin embargo, las recientes políticas gubernamentales están poniendo en riesgo este sistema. Según la AAERPA, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 es visto como el epitafio formal del sistema actual, proponiendo un único registro administrado por el Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto representaría un retroceso significativo, recordando tiempos en que transferir un automotor podía demorar hasta cuatro meses. «El costo de ese registro caería sobre todos los contribuyentes, aun cuando no requieran sus servicios», advirtieron los Encargados.
“Con sorpresa, la mayoría de los Encargados creímos que en esta etapa en la que se pide gestión con eficacia y eficiencia, cuidar los recursos del Estado, y derivar en el sector privado las tareas que puedan delegarse, el Régimen Jurídico del Automotor iba a ser un ejemplo: una función pública donde el Estado no paga sueldos ni jubilaciones de privilegio, no sostiene inmuebles o alquileres, no se hace cargo de reclamos o juicios laborales ni de mala praxis, y que fundamentalmente cumple con el deber de dar seguridad jurídica a los propietarios, a las transacciones y a las relaciones entre los vehículos y la comunidad”, expresaron en el comunicado.
Desde octubre de 2023, la parte de lo recaudado destinada a los gastos operativos de los Seccionales y a la retribución de los Encargados ha sido congelada, mientras que la inflación ha superado el 100%. Esto ha obligado a los Encargados a cubrir los gastos con su propio patrimonio, llevando a renuncias y despidos masivos. «Los aranceles han subido producto de las revaluaciones, y el desfinanciamiento ya provocó renuncias y despidos masivos de trabajadores privados», destacaron en el comunicado.
La AAERPA ha manifestado que, a pesar de haberse puesto a disposición de las autoridades desde el inicio, no ha habido avances sustanciales hacia un servicio moderno, híbrido y más económico. «Al día de hoy, esto significa una notable pérdida de calidad del servicio», afirmaron.
En vista de la falta de respuesta a sus reclamos, la AAERPA se ve ahora obligada a proteger el sistema, los empleos en juego y sus propios derechos por vía judicial. «Nos vemos en la obligación de proteger el sistema, al usuario, a los 12.000 empleos en juego y a nuestro propio patrimonio y derechos personales, ante la evidencia del quebranto inminente», concluyeron.
Finalmente, la AAERPA insta a los funcionarios del Ministerio de Justicia y la DNRPA a evitar el quiebre inminente del sistema registral del automotor y a restituir la ecuación económica a su nivel promedio histórico. Además, solicita la conformación de una Comisión de Reforma Integral del Registro Nacional del Automotor, en la que los Seccionales puedan participar activamente para aportar soluciones y mejorar la calidad del servicio.
